Genética Centralista Chilena. Doscientos años después

Chile Centralistic Genetics. 200 years later

RESUMEN:

Después de doscientos años de institucionalidad pública en Chile –incluidos golpes de estado y con un nuevo gobierno recién instalado, podemos afirmar que nuestro país ha crecido y se ha desarrollado de forma sana, por lo que miramos el futuro, ingenuamente quizás, con optimismo. Es en este contexto que hoy la idea de gobernar pasa a ser una tarea de todos, donde la aparición de nuevos actores sociales y la reestructuración del aparato público exigen espacios alternativos para comunicarse y participar del debate político, económico y social donde todos tengan igualdad de derechos. Lamentablemente en este aspecto Chile cae en una de las más grandes contradicciones: “el centralismo”, el cual no sólo viene heredado por la histórica estructura de organización pública del país, sino que viene incrustada en nuestra estructura genética.

ABSTRACT:

After 200 years of public institutionality in Chile –including coup d’états and with a new presidential election in sight– we can affirm that our country has grown and developed in a healthy way, for which we look forward into future, ingenuously perhaps, with optimism. Is in this context that today’s idea of governing becomes everyone’s responsibility, where the appearance of new social actors and the restructuration of the public apparatus demand alternate spaces to communicate and participate of the political, social and economic debate where everyone enjoys of equality of rights. Unfortunately in this aspect, Chile falls into one of the greatest contradictions: The Centralism, which has not only been inherited from the historical political organization in the country but that is also in our very own genetic structure.

PALABRAS CLAVES: Institucionalidad, centralismo, Chile, bicentenario KEYWORDS: Institutionality, centralism, Chile, bicentennial

* Jorge Muñoz Cerda Periodista, Mg. © en Desarrollo Humano Local y Regional, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Contacto: jmuno020@gmail.com

** César Jiménez Yáñez Periodista, Mtro. © en Estudios y Proyectos Sociales, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México. Contacto: cjimenezy@gmail.com



Introducción

Discutir y hablar sobre institucionalidad pública en Chile no deja de ser algo complejo, rutinario y apasionante, menos cuando en este aspecto celebramos 200 años. El tema, en sí mismo suena enorme y lleno de complejidades, es por esto que queremos suscribirnos a algunos puntos específicos, los cuales a nuestro entender, de una u otra forma, son medulares para comprender la actual institucionalidad pública nacional, la cual encuentra sus bases estructurales en nuestra cultura.

Ensayar al respecto tiene por objeto abordar y generar un espacio para la reflexión, discusión y análisis sobre lo que hemos denominado “la genética centralista chilena” y su importancia en el desarrollo integral (cultural, político, social y económico) de Chile. Al respecto, para poder hacer efectivas nuestras propuestas debemos aclarar que este ensayo no busca reemplazar enfoques históricos tradicionales, sino por el contrario, trata de diferenciarse creativamente cambiando simplemente la posición de la mirada, esta vez desde abajo hacia arriba.

Algunos pensadores, intelectuales, académicos y estadistas creen y están convencidos que Chile debe descentralizarse para alcanzar mayores niveles de desarrollo e inserción en el mundo globalizado. Muchos de ellos, como siempre mirando desde arriba, toman como base de sus argumentos realidades lejanas, historias y contextos diferentes, enfrentando la nuestra de manera segmentada, conociéndola casi exclusivamente a través de indicadores de dudosa rigurosidad metodológica; son ellos quienes no se han resignado a ser lo que son (chilenos) persistiendo de una u otra forma en convertirnos en imitaciones aceptables de realidades lejanas. Esto sin lugar a dudas genera confusiones y desilusiones que sólo llevan a laberintos sin salida.

En la primera parte de este trabajo abordaremos la actual configuración de los procesos de regionalización y descentralización de nuestro país donde sólo nos remitiremos a dar, muy resumidamente, cuenta de lo que se ha escrito en esta materia en Chile[1]. En la segunda parte veremos en detalle la cuestión del centralismo y por qué hablamos de genética al explicar este fenómeno tratando de descifrar y explicar nuestro código en detalle. Chile, en este sentido tiene una base (genética) difícil de desentrañar e imposible de omitir; en otras palabras, somos hijos de una historia a través de la cual debemos conocer quiénes fueron nuestros padres y familiares.

Para lograr lo anterior necesariamente debemos revisar nuestra historia, donde como buenos observadores dejaremos que el suceso hable y buscaremos mirar donde otros no lo han hecho. La idea es poder visualizar, conocer y comprender cuáles fueron los factores que han influenciado la formación de la institucionalidad del estado chileno y el por qué de su excesiva centralización. Ahora bien, si la descentralización es un proceso imperante y necesario ¿por qué no se ha avanzado?; es más, ¿por qué se retrocede?”[2]. Para encontrar respuesta a estas preguntas debemos revisar nuestra genética como país.

Hacer este ejercicio reflexivo tiene como propósito y convicción de que efectivamente Chile debe descentralizarse para lograr un avance real en busca de un desarrollo humano y democrático en donde se respete la diversidad y la autodeterminación de los pueblos y los habitantes de cada territorio.

Actual proceso de descentralización en Chile

En Chile, diversos intentos se han hecho en el plano político-administrativo por descentralizar el país; el más actual viene dado de la mano del golpe militar en el año 1973. Es aquí donde irónicamente nace un nuevo paradigma[3], paradigma sobre el cual se articulan las nuevas políticas del gobierno nacional, que en cierto modo sientan las bases para el inicio de los procesos de regionalización y la descentralización del país. Fue a partir de esta época que con la creación de la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa y con el dictamen del Decreto Ley 575 del Gobierno y la Administración del Estado, se describieron los principales aspectos de la regionalización. Esta nueva estructura político-administrativa se expresó, de acuerdo a Espinoza y Marcel (1993), en una red jerárquica al interior del Estado desde el Ministerio del Interior hacia los intendentes y gobernadores donde se estableció una estructura institucional y administrativa de respaldo a la administración regional para apoyar una gestión territorial más descentralizada. Para este efecto se crearon en primer lugar, en el ámbito de la participación ciudadana, los Consejos Regionales de Desarrollo (CODERE) y en el ámbito de la desconcentración administrativa, las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI). Estas instituciones se consolidaron en la Constitución Política de 1980.

Por otra parte y en esta misma línea, se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), descentralización presupuestaria que destinó al menos el cinco por ciento del volumen total de los ingresos calculados para los sistemas tributarios y arancelarios de cada región. A raíz de todos estos cambios, el proceso de regionalización y descentralización del Estado chileno dividió el territorio nacional en 13 regiones, 52 provincias y 325 comunas[4] (Espinoza y Marcel, 1993:8). A nivel comunal, en el año 1974, se dictó el Decreto Ley 573 que en sus artículos 14 al 20 define a las municipalidades como:

[...] instituciones de derecho público funcional y territorialmente descentralizadas, cuyo cometido es dar satisfacción a las necesidades de la comunidad local y, en especial, participar en la planificación y ejecución del desarrollo económico y social de la comuna o agrupación de comunas, sea actuando separadamente o coordinando su acción con otros municipios o con los demás servicios públicos y organizaciones del sector privado (Fernández, 1981:51).

Con la creación de la Ley Orgánica de Municipios y Administración Comunal dictado como Decreto Ley 1.289 en el año 1976, los municipios quedaron jerárquicamente vinculados, por Decreto Supremo, al Poder Ejecutivo. Para finales de la década de los 80’, con la promulgación de la Ley 18.695 – Orgánica Constitucional de Municipalidades, los municipios comenzaron a adquirir nuevas responsabilidades en educación y salud, enfrentándose al traspaso de la totalidad de los establecimientos públicos de educación básica y secundaria, así como de los consultorios de atención primaria.

Uno de los principales aspectos del proceso tiene que ver con la creciente vinculación entre regionalización y descentralización que se llevó a cabo a fines de la década de los 70′; sin embargo, el proyecto regionalizador no tuvo su contraparte en una efectiva descentralización de la organización administrativa, regional y local, por el contrario, por la propia naturaleza autoritaria del régimen imperante no les fueron transferidas las capacidades de decisión real en la solución de problemas y en la búsqueda de formas alternativas de desarrollo. De esta manera, todas las nuevas fuerzas e ideas descentralizadoras quedaron supeditadas al poder central, el cual velaba por la congruencia en la aplicación de las políticas y por la vigencia del paradigma autocrático, más que en privilegiar la participación real de los gobernados. Con todo esto, más que una descentralización, lo que efectivamente se produce es una desconcentración.

Con la llegada de la democracia en el año 1990 la temática de la descentralización adquiere gran relevancia, especialmente vinculada a la democratización regional y local. Durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se sentaron las bases de la actual estructura regional, por medio de la Ley 19.175 – Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, publicada el sábado 20 de marzo de 1993, en el Diario Oficial. Con ella se genera la institucionalidad descentralizada en las regiones y el traspaso de competencias y atribuciones a nivel regional estableciéndose a las regiones como organizaciones político-territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público. También durante este período se democratizaron las elecciones municipales y se aprobó una moderna reforma tributaria, que aumentó un diez por ciento los ingresos locales.

Posteriormente la Ley 19.175 establece que la figura institucional más importante, es el Gobierno Regional quien posee personalidad jurídica y patrimonio propio y está conformado por el Intendente y los Consejeros Regionales y, desde el año 1995, por un equipo profesional y administrativo, especialmente abocado al tema de los procesos de modernización y descentralización del Estado. Así, a mediados de la década de los 90’, todas las regiones contaban con estrategias de desarrollo regional. A fines del Siglo XX, los Gobiernos Regionales comenzaron a consolidarse, pero, como siempre, aparecieron los resquemores sobre su verdadera autonomía y decisiones descentralizadas.

No podemos dejar de mencionar que, a pesar de todos estos intentos, aún falta mucho por concretar en el ámbito regional y local, especialmente en lo que se refiere a la efectiva participación de la ciudadanía en instancias más cercanas a sus intereses, como son generación, funcionamiento y fiscalización de los órganos  regionales. Sin ir más lejos, ¿cuántas personas realmente conocen todas estas reglamentaciones que entregan derechos y obligaciones? Otro tema no menor, es la nula participación de los organismos regionales en el diseño y asignación de los fondos públicos nacionales, además de la falta de políticas que ayuden a éstos a generar recursos propios. Esto ha llevado a los gobiernos regionales a una dependencia absoluta de la asignación de recursos entregados por el parlamento y el gobierno regional. Lo claro aquí es que este proceso, más que responder a un verdadero proceso de descentralización, responde a un simple modelo de “regionalismo desconcentrado”[5]; vale decir, una forma de administración en la cual se ve una clara regionalización subordinada al centro capitalino.

Si bien es cierto, existen avances cualitativos, como las reformas constitucionales del año 1991, que descentralizaron y desconcentraron ciertas potestades administrativas del Estado[6], en especial la Ley 19.097, a través de la cual se introdujeron cambios sobre el gobierno y administración regional, provincial y comunal; queda claro que el actual modelo de distribución territorial no es capaz de solucionar los problemas del centralismo político, la falta de participación ciudadana y los desequilibrios económicos sociales entre los territorios.

Chile y su gen centralista

En nuestro país han existido una serie de iniciativas para cambiar el escenario existente, esta serie de enfoques en torno a la descentralización ha llevado a que se incorporen varios elementos (legales y administrativos) de relevancia que más que avances han condicionado los desafíos de la descentralización: la equidad; que no es más que lograr equilibrio en el reparto de los beneficios obtenidos producto del desarrollo económico y la participación, entendida como la ingerencia de la población en el sistema de toma de decisiones.

Pese a esto, tanto en el plano político como en el académico y el discursivo, da la impresión que retrocedemos; el centralismo aumenta en todos los planos de la actividad pública tal cual aumenta la falta de voluntad política para superar la obsolescencia del actual ordenamiento institucional donde además, siguen creciendo instancias concentradoras de poder sobre todo en el ámbito económico, cultural y político.

Pero ¿por qué Chile no da este salto? y es justo aquí donde en vez de aparecer una luz de respuesta es cuando surgen más interrogantes: ¿le interesa a los chilenos un país descentralizado?, ¿por qué si existe “aparente” voluntad política y se firman decálogos y compromisos no se da un verdadero salto cualitativo al respecto?, ¿serán los descentralizadores personas con una cultura y mirada descentralizadora real? Las preguntas pueden seguir una tras otra, lo importante aquí es poder encontrar una respuesta. ¿Será que la cultura chilena es esencialmente centralista?, ¿será que los chilenos, estructural y genéticamente, no estamos “hechos” para vivir en una sociedad descentralizada?, ¿será que el centralismo es más cómodo?

Si analizamos y pensamos, toda nuestra estructura y organización social y cultural, históricamente, tiene una fuerte carga centralista, por lo que es “casi natural” actuar y pensar con esa perspectiva y lógica. Basta con mirar cosas tan simples como las bases de nuestra institucionalidad para deducir esto. Un simple ejemplo es lo que se entiende en nuestro país por ley, que es “la declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”[7]. Este concepto legal es la base fundamental de nuestra legislación, enseñado por generaciones a nuestros legisladores y, hasta el día de hoy, jamás cuestionado. Si analizamos detenidamente esta pequeña definición, discursiva y genéticamente radicada en la esencia de nuestros juristas, nos encontraremos, detrás de ella, con una fuerte base filosófica nacida en el otrora poderoso Imperio Romano y perfeccionada en la Francia Napoleónica (ambas visiones muy centralistas y concentradoras de poder).

Por otra parte, no podemos dejar de lado aspectos cotidianos donde manifestamos conductas inconscientemente centralistas, como nuestro comportamiento en la escuela, en el trabajo y en el hogar donde la figura de poder queda representada y validada en una sola persona, quien manda, prohíbe o permite. Pero vamos más atrás, donde nacen estos comportamientos tan bien transmitidos, reproducidos, aprendidos y arraigados en nosotros y nuestra sociedad. Para algunos autores, Chile, en sus orígenes, no fue centralista, si no más bien nació desde lo local.  En este aspecto se toman como ejemplos los cabildos coloniales y la organización matriarcal del pueblo mapuche. La verdad es que no concordamos con esta visión, Chile, al igual que muchos estados latinoamericanos, no conocieron en su germinación aspectos descentralizadores, si no más bien, desde la llegada de los conquistadores, América Latina se convirtió en una extensión del imperio, que fue sometido con la cruz y la espada, y regido con mano de hierro a precio de sangre.

Por lo tanto, este centralismo viene heredado por la histórica estructura de organización pública del país. El centralismo económico y administrativo es uno de los elementos que ha caracterizado al estado chileno. Sus orígenes se remontan al período colonial, donde la relación con España limitaba que todos los asuntos de la corona se concentraran en la capital. Siglos más tardes, una vez consolidada la independencia a principios del siglo XIX, algunos ordenamientos constitucionales establecieron ciertas normas que pudieran consideradas como iniciativas descentralizadoras, como lo mencionamos anteriormente. Ejemplo de ello fueron las Leyes Federales dictadas durante el año 1826, que pretendieron establecer un sistema federal; la Constitución promulgada en 1828 que consagraba la existencia de asambleas provinciales, compuestas por diputados elegidos por la ciudadanía. No obstante, con la Constitución de 1833 y el proyecto Portaliano, el centralismo se acentuó, transformándose en uno de los pilares del desarrollo institucional chileno. La creación de la comuna autónoma, en el año 1891, es prácticamente el único intento por otorgar una cuota de poder a las instancias comunales y de descentralizar el país (Jiménez y Muñoz, 2009).

Sólo para reforzar lo anterior, no debemos olvidar que los pueblos originarios al norte del río Maule estaban regidos por el imperio Inca, el cual se caracterizaba por una fuerte organización centralista. En el caso de pueblo mapuche, es cierto que éste gozaba de una fuerte organización descentralizada, la cual chocó fuertemente con la visión del imperio español, lo que se ha visto reflejado en un conflicto que ha durado por siglos.

Chile ha sido un Estado altamente centralizado y unitario durante la mayor parte de los siglos XIX y XX. La independencia se consolidó bajo la Constitución autoritaria de 1833, que duró hasta el año 1925, año en que fue reemplazada por otra, menos autoritaria, pero todavía más centralista. Tanto las rentas generadas por los nitratos y el cobre, que provocaron la concentración de los recursos fiscales en el Estado, como la incorporación relativamente tardía de las economías del norte y sur al sistema nacional; aportaron a la consolidación de un potente Estado central. Actualmente nuestro país, según informes recientes de diversos organismos internacionales -Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- es uno de los países más centralizados de América Latina (Jiménez y Muñoz, 2008).

Para entender el por qué en Chile se ha arraigado el gen del centralismo debemos mirar el proceso macro en la génesis de nuestra institucionalidad como país. Al respecto, que la paradoja, la desilusión y la perplejidad que ha caracterizado a los intentos de reformar, modernizar y descentralizar Chile, son producto de creer a ciegas que podemos reproducir la experiencia de los países europeos o que tenemos las mismas bases que ellos. Existen cuatro factores (o ausencias) que han marcado a fuego en nuestros genes la tradición centralista: 1) la ausencia de la tradición feudal en la tradición chilena y latinoamericana en general; 2) la ausencia de la disidencia religiosa y la imposición de una sola postura[8]; 3) la ausencia de cualquier acontecimiento comparable con la Revolución Industrial y 4) la ausencia de aquellos aspectos de evolución ideológica, social y políticas vinculadas con la Revolución Francesa.

Como complemento y de acuerdo a Peña (1994:4)

En los países de la región (esto es, en el universo simbólico y afectivo que constituye su cultura), la nación y sus peculiaridades parecen indiscernibles de la evolución del Estado y de las gestas militares o caudillescas que ayudaron a fundarlo. Esta primacía de la sociedad política (organizada, además, en el caso de Chile, con la inercia del centralismo borbón) y la ausencia de feudalismo genuino y de disidencia religiosa, habría sentado las bases de un centralismo autoritario y de una cultura estatista.

Respecto a la ausencia de tradición feudal, ésta no existió ni siquiera por herencia en Chile, no debemos olvidar que a la llegada de los españoles este régimen político había quedado en desuso en Europa, por lo cual no fue transplantado en nuestras tierras. La importancia del feudalismo radica en la importancia que éste ha tenido, como punto cardinal, en la tradición política occidental; es en él donde se encuentra la raíz del parlamentarismo europeo, del liberalismo y de todas las variantes sociopolíticas que se originaron de ellos. Las instituciones representativas y los parlamentos son inequívocamente producto de la Edad Media y resultado directo del desarrollo del feudalismo, que en sus asambleas colocaba fuertes limitaciones a la corona. Al no existir feudalismo en Chile, vale decir, grandes duques, caciques o propietarios (no confundir con patrones de fundo), no existió suficiente poder local para oponerse al poder central, tanto en lo económico como en lo militar. Esto tiene como resultado que el centro político nunca se vio amenazado u obligado a renunciar al poder. Es necesario precisar en este punto, que el reino de Castilla era en su época el estado más centralista de Europa, lo cual contribuyó a radicar fuertemente el centralismo en las tierras conquistadas.

El segundo factor de importancia tiene relación con la falta de disidencia religiosa y con la imposición de una sola visión en este aspecto. Al respecto debemos hacer algunas precisiones, no debemos olvidar que, el actual Estado español tuvo su origen bajo el reinado de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esta monarquía, como precisa la historia, fue sin duda la más centralizada de su época, la cual fue capaz de ejercer un efectivo control sobre los territorios españoles. España no se vio sometida a las fuerzas de choque propias del feudalismo como pasó en otros países de Europa, lo que le dio la característica de convertirse en una de las primeras potencias a nivel mundial. Con el descubrimiento de nuevas tierras, los reyes católicos necesitaron justificaciones legales y políticas que les permitieran hacer apropiación de estos terruños; es así como los reyes recurrieron a la institucionalidad vigente más poderosa de la época: “el papado”, quien concedió a perpetuidad a la Corona de Castilla el privilegio de fundar y organizar todas las iglesias. Debido a esto, los monarcas hispanos tomaron el control eclesiástico de América y en este caso de Chile[9], el cual utilizaron como mecanismo político y económico para validar su poder e influencia.  El mérito de esto es que aquí se genera una particular simbiosis entre lo político y lo religioso, la cual ha trascendido y permeado a toda nuestra sociedad[10].

Las tierras descubiertas fueron el resultado de una aventura privada de la corona española, la cual, como primera medida, optó por institucionalizar y mantener un control directo y exclusivo de ellas, imponiendo, en primer lugar una sola legislación y una sola religión (ambas altamente centralistas).

El Tercer factor que marca nuestra tradición centralista tiene relación con la ausencia de una revolución industrial. No debemos olvidar que en Latinoamérica, en menos de una generación, se adoptaron tecnologías industriales que a los europeos les tomó siglos crear. Esto significó que la industrialización, como fenómeno, no alcanzó, en esta parte del mundo, el resultado de un proceso autónomo de crecimiento y descubrimiento, sino que se adoptó y estableció[11]. Por tanto, la principal diferencia se encuentra en su origen, donde en Europa tuvo un origen periférico, que desembocó en una atenuación del poder central; en cambio en Latinoamérica, el principal impulso procedió del centro y, lejos de debilitarlo, lo fortaleció. Por otra parte, mientras que en el antiguo continente el industrializador estuvo asociado a las actividades y al modo de vida de una naciente burguesía, en el caso chileno y latinoamericano, no estuvo acompañado ni precedido por la formación de grupos semejantes; es más, se puede señalar que la burguesía latinoamericana, en general, alcanzó el poder político con anterioridad a la llegada de la industria, y que fue, en calidad de administradores burocráticos, que obtuvieron directa y/o indirectamente el control sobre el proceso de industrialización. Posteriormente, este grupo apoyó el crecimiento industrial y corporativo aprobando propuestas, concediendo licencias y canalizando recursos en moneda extranjera, como crédito público en dirección a sus amigos y partidarios políticos[12].

Es importante señalar que en Chile el proceso industrializador se dio gracias a la creación de empresas públicas estratégicas y a una multitud de empresas menores dependientes. Es así como las primeras empresas técnicamente privadas en el país tuvieron sus orígenes en capitales extranjeros. El resultado de este proceso demostró que en nuestro país se crearan fuerzas altamente concentradas en las esferas de poder.

Respecto al aspecto político (el cuarto factor), debemos remitirnos a nuestras bases políticas más profundas. No se puede negar el hecho que, desde la fundación de Chile, los ordenamientos institucionales tradicionales fundaron en una tradición política que ha sido siempre centralista y sólo, excepcionalmente, se ha desviado de este rumbo. Véliz (1984) reflexiona al respecto y comenta que durante siglos de dominación Ibérica sobre América Latina, las rupturas más importantes con este centralismo fueron el resultado de la defección metropolitana. Desde los intentos independentistas a principios del siglo XIX, la pausa liberal marca el quiebre más importante con el centralismo y ésta fue, en buena medida, el resultado de una oleada de signo nacionalista, que intentó rechazar todo lo español y reemplazarlo por culturas más atractivas (inglesa o francesa) ya que identificaban el concepto de gobierno centralista y autoritario con la tradición colonial y lo rechazaban a favor de un reparto del poder político y económico efectivo.

Estas visiones liberales, al poco andar, se vieron opacadas en nuestro país debido a los constantes vaivenes estructurales, administrativos, políticos, económicos y sociales[13] que generaron que Chile se convirtiera en un país altamente centralizado y jerarquizado, lo cual, pese a los avances mencionados en la primera parte de este ensayo, se ha mantenido hasta el día de hoy, después de doscientos años de “independencia”, con todas las dicotomías actualmente presentes.

Reflexiones Finales

Chile crece a pasos agigantados y miramos el futuro con optimismo olvidándonos que el mundo ha cambiado. Procesos como la globalización, la ruptura del Estado-Nación y por tanto, la pérdida del poder a nivel central ha generado la aparición de nuevos actores sociales, los cuales se mueven en un mundo de dinámicas complejas y exigen espacios para comunicarse y participar del debate público. Es en este contexto que hoy la idea de gobernar el futuro pasa a ser una tarea de todos.

Chile necesita un cambio radical en sus bases estructurales para caminar y alcanzar un desarrollo integral, esto se hace necesario y urgente. Es sobre esta idea de descentralización donde la noción de lo local cobra fuerza, donde la revalorización de la heterogeneidad del pensamiento local y la participación de la sociedad civil en demanda de sus espacios ha llevado a la formación de distintos movimientos ciudadanos de incidencia que exigen se les tome en cuenta para ser partícipes de los cambios políticos y sociales del país.

Creemos fehacientemente que para generar un cambio estructural sólido en nuestra institucionalidad hay que insertar en nuestras bases el gen de la descentralización. Cómo hacer esto, esa es la pregunta que debemos respondernos con cautela y sin apresurar el paso. Como comunicadores y cientistas sociales consideramos que los procesos de comunicación se constituyen en un elemento fundamental en este cambio, ya que tal jeringa puede ser portadora de un cambio cromosomático que invierta nuestra genética. La necesidad de incorporar el enfoque comunicativo como una dimensión fundamental en el proceso de descentralización apunta a mejorar la calidad de las relaciones comunicativas entre el Estado y los miembros de la sociedad civil como estrategia de gobernabilidad democrática y de desarrollo.

Sin ir más lejos, es en la ciudadanía donde se encuentra la base del cambio, es ésta la que debe demandar la descentralización y hacerse parte de ella como un proceso propio y necesario. Hoy existen atisbos que nace desde las regiones, desde los espacios locales donde a pesar de que se encuentran lejos de ser actores protagonistas en estos procesos públicos, se están manifestando y exigiendo espacios para expresarse. En este sentido el Estado está obligado a cambiar su posición y a generar medidas que modifiquen el sistema político chileno para que existan espacios autónomos de comunicación social que no dependan del mercado y que permitan la libre expresión y el desarrollo del país de acuerdo a las necesidades propias de cada localidad.

Debemos dejar en claro que cuando hablamos de procesos de comunicación no nos referimos específicamente a los medios masivos ni institucionalizados del Estado. Nos referimos a procesos muchos más complejos que se dan y reproducen en toda la red social. Los actos del habla crean realidades, nuestras propias realidades. Estos discursos permean nuestra forma de pensar y se hacen parte de ella como algo natural, por lo que para modificar nuestra lógica centralista debemos atacar las acciones, los objetos y las expresiones significativas de diversos tipos, ya que nuestra vida social no es sólo una cuestión de objetos e incidentes que se presentan como hechos en el mundo natural sino también son cuestiones de acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos tipos, y por supuesto, de sujetos que se expresan por medio de éstos y buscan comprenderse a sí mismos y a los demás mediante la interpretación de las expresiones que producen, transmiten y reciben.

Como país debemos buscar romper esa matriz centralista arraigada en nuestros genes (cultura) y tomar conciencia de nuestra condición. No será algo fácil, hemos visto como después de doscientos años de institucionalidad seguimos por el mismo camino, buscando la descentralización y la autonomía local y regional.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Espinoza, J. y Marcel, M. (1993). Descentralización fiscal: El caso de Chile. Serie Política Fiscal, 57. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Fernández, J. (1981). Régimen jurídico de la administración municipal. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

Jiménez, C. y Muñoz, J. (2009). Políticas públicas y el rol del estado en los medios de comunicación en Chile. Enlaces, 10.

Extraído desde http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2009/Cesar.pdf

Jiménez, C. y Muñoz, J. (2008). Medios de Comunicación y su rol en el delicado engranaje de cómo construir desde lo local. Revista Tercer Milenio, año XII, 16.

Extraído desde http://www.tercermilenio.ucn.cl/e16/pc_cesarjimenez_jorgemunoz.html

Peña, C. (1994). Alfredo Jocelyn-Holt, A. (1994): La independencia de Chile: Tradición, modernización y mito. En Estudios Públicos, 53: 1-15.

Véliz, C. (1984). La tradición centralista de América Latina. Barcelona: Ariel.

Von Baer, H. (2004). Descentralización y desarrollo local/regional, la tarea pendiente del modelo “chilensis”. Propuestas para un estilo de desarrollo armónico y sustentable. Apuntes Asignatura Institucionalidad pública para el desarrollo. Magíster en Desarrollo Humano. Chile: Universidad de La Frontera.


NOTAS Y REFERENCIAS

[1] En esta parte del ensayo sólo nos limitaremos a dar cuenta, resumidamente, de los hechos en forma cronológica para que el lector que desconozca en profundidad estos procesos se pueda hacer una idea general de ellos.

[2]Concordamos con el académico de la Universidad de La Frontera el Dr. Henrich Von Baer, quien plantea que, si bien es cierto que en Chile han existido experiencias inéditas respecto a descentralización, en los últimos años han existido más retrocesos que avances.

[3]El académico Sergio Boisier, ironiza con esta idea ya que según su visión sobre el actual proceso de descentralización chileno nace de instituciones altamente centralizadas y jerarquizadas como lo son las Fuerzas Armadas.

[4] Actualmente la división político/administrativa del país contempla 15 regiones, 53 provincias y 346 comunas.

[5] Esto se debe, principalmente, como señala el Dr. en Derecho de la Universidad Austral Juan Carlos Ferrada, a que el Estado chileno históricamente ha sido unitario y centralizado. Para él, esto se explica por razones históricas, políticas y culturales de profundo arraigo.

[6] Estas reformas constitucionales constituyeron un cambio cualitativo en el reparto del poder administrativo estatal descentralizando y desconcentrando algunas potestades pero no implicó una democratización efectiva del poder político estatal ya que sólo alcanzo al ámbito municipal e, imperfectamente, al regional.

[7] Andrés Bello definió a la ley en el artículo 1º del Código Civil de Chile. No debemos olvidar que el derecho chileno tiene una fuerte base positivista. El concepto de derecho positivo está basado en el iuspositivismo, que es una corriente de pensamiento jurídico que considera al derecho como una creación del ser humano. El hombre crea el derecho, las leyes (siendo éstas la voluntad del soberano) crean derecho. Al contrario del derecho natural, en el cual el derecho se encuentra en el mundo y el ser humano se limita meramente a descubrirlo y aplicarlo. En este sentido, el derecho positivo descansa en la teoría del normativismo, elaborada por el téorico del derecho Hans Kelsen.

[8] El catolicismo se impuso en Chile como religión oficial.

[9] Este proceso se afianza con la Bula Universalis Ecclesiae Regiminis. Este documento constituye la concesión más importante arrancada al Papa, ya que constituye la base de Patronato Real, el cual se va a constituir en el origen de muchas discusiones después del año 1810 entre lo nuevos regímenes republicanos y el Vaticano; pues aquellos trataban naturalmente de mantenerse como herederos de la expulsada administración colonial, mientras que el papado veía en la crisis de independencia una oportunidad de recuperar terreno perdido ante el regalismo tres siglos atrás.

[10] Basta con revisar los medios de comunicación, en especial diarios y televisión, para darnos cuenta cómo hoy la Iglesia Católica tiene voz y voto en el andar de nuestra sociedad, estando presente en cada tema relevante para el país.

[11] Tal cual nos han enseñado en la escuela, “se miraba a Europa como el ideal, por lo que la única forma de desarrollarnos era copiando y adoptando sus formas, métodos y fórmulas”.

[12] Un claro ejemplo de este fenómeno (genético) lo vemos en el proceso de privatización de Chile, posterior al golpe militar, en donde empresas estratégicas del Estado fueron vendidas a precios inferiores a su valor real a partidarios del nuevo régimen.

[13] Sucesivos golpes de estados, una constitución rígida, cambios constantes en los cuerpos legales para beneficio de los políticos de turno e inestabilidad política fueron la tónica imperante en la formación de nuestra República.